Autor: Dr. Marco del Castillo Condor
Docente de la Maestría en Derecho Corporativo y Empresarial
Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener.
El Perú se dispone a iniciar un nuevo periodo de gobierno, tras una elección presidencial decidida por un margen mínimo entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, en un contexto económico que combina señales de recuperación macroeconómica con persistentes fragilidades estructurales en el mercado laboral. Mientras el BCR proyecta un crecimiento moderado apoyado en la inversión minera y la demanda interna, el INEI confirma que la informalidad laboral se mantiene por encima del 70% de la población ocupada a nivel nacional, con picos superiores al 94% en el ámbito rural. Esta paradoja de crecimiento sin inclusión laboral plena constituye el punto de partida obligado para cualquier agenda seria de reforma. La legitimidad del próximo gobierno en materia económica dependerá, en buena medida, de su capacidad para traducir la recuperación de la inversión privada en empleo formal, productivo y sostenible, superando el discurso de metas declarativas, como la promesa nunca cumplida en plazos concretos, de reducir la informalidad al 50%, para dar paso a instrumentos normativos verificables.
El diagnóstico de la problemática de la diversidad de regímenes laborales en el Perú es conocido por especialistas, gremios y organismos multilaterales, aunque rara vez se traduce en decisiones legislativas coherentes. Coexisten más de media docena de regímenes laborales especiales —general, microempresa, pequeña empresa, agrario, construcción civil, trabajo del hogar, entre otros—, lo que genera una complejidad normativa que encarece el cumplimiento y desincentiva el tránsito hacia la formalidad, particularmente en unidades productivas de uno a diez trabajadores, donde el INEI reporta niveles de informalidad superiores al 88%. A ello se suma una estructura de costos laborales no salariales relativamente elevada respecto de la región, procedimientos de despido con alta litigiosidad ante los órganos jurisdiccionales y un sistema de inspección laboral con capacidad operativa limitada frente a la dimensión del universo informal. La CONFIEP y la Cámara de Comercio de Lima han insistido, en pronunciamientos recientes, en que la rigidez regulatoria y la inestabilidad política erosionan la previsibilidad requerida para decisiones de inversión de mediano y largo plazo. La OIT, por su parte, ha documentado que la informalidad en el Perú no es solo un problema de cumplimiento normativo, sino una manifestación de baja productividad estructural, concentrada en micro unidades de subsistencia sin acceso a crédito, tecnología ni capacitación.
La relación entre seguridad jurídica, regulación laboral e inversión privada no es meramente teórica: es un factor empíricamente verificado en los índices de competitividad internacional. El Banco Mundial y el BID han señalado reiteradamente que la rigidez en la contratación y el despido, combinada con la incertidumbre sobre la estabilidad de las reglas de juego, reduce el tamaño óptimo de las empresas y las incentiva a permanecer pequeñas o informales para evitar el salto regulatorio hacia regímenes más costosos. Este fenómeno, conocido como la «trampa del enanismo empresarial», explica por qué más del 80% de las unidades productivas peruanas nunca alcanzan la escala necesaria para competir internacionalmente ni generar empleo de calidad. En este escenario, la seguridad jurídica no debe entenderse como sinónimo de desregulación indiscriminada, sino como la existencia de reglas claras, estables y predecibles, que permitan tanto al inversionista como al trabajador anticipar sus derechos y obligaciones. La CEPAL ha advertido que los países que logran mayor formalización combinan flexibilidad contractual con mecanismos efectivos de protección social contributiva, evitando que la simplificación normativa se traduzca en precarización.
Frente a este panorama, el próximo gobierno enfrenta una agenda de reformas que exige simultáneamente audacia técnica y prudencia política. En primer lugar, resulta impostergable la simplificación y racionalización de los regímenes laborales especiales, avanzando hacia un esquema más unificado que reduzca los costos de transacción para las micro y pequeñas empresas sin desproteger derechos fundamentales como la libertad sindical, la negociación colectiva o la seguridad social. En segundo lugar, se requiere el fortalecimiento presupuestal y tecnológico de la SUNAFIL, de modo que la inspección migre de un enfoque sancionador hacia uno de acompañamiento y detección temprana, apoyado en cruces de información con la SUNAT y el propio INEI. En tercer lugar, la digitalización de trámites vinculados a planillas, contratos y liquidaciones puede reducir drásticamente los costos administrativos que hoy desincentivan la formalización de emprendimientos pequeños. A ello debe sumarse un rediseño de los incentivos tributarios y contributivos para la formalización progresiva, así como una política decidida de capacitación laboral y certificación de competencias, en articulación con el sector privado, que atienda el rezago de productividad identificado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Finalmente, ninguna de estas reformas será sostenible sin un mecanismo institucionalizado de diálogo social, que hoy se encuentra debilitado, y que resulta indispensable para legitimar los cambios normativos y evitar su reversión con cada alternancia política.
En conclusión, el próximo gobierno peruano tiene ante sí una oportunidad histórica, pero también una responsabilidad ineludible: construir una agenda laboral que abandone tanto el maximalismo desregulador como el inmovilismo proteccionista, y que reconozca que la formalización del empleo y el fortalecimiento de la inversión privada no son objetivos contrapuestos, sino complementarios cuando existe voluntad política para el diseño técnico y el diálogo social genuino. La ciudadanía y el sector empresarial han expresado, a través de encuestas, pronunciamientos gremiales y el debate público en redes especializadas, un consenso creciente sobre la urgencia de actuar; lo que ha faltado, en los últimos gobiernos, es continuidad institucional y capacidad de ejecución. Si el nuevo Ejecutivo logra articular simplificación normativa, fiscalización inteligente, digitalización, capacitación y diálogo social en una estrategia coherente y sostenida en el tiempo, el Perú podría finalmente comenzar a revertir una de las tasas de informalidad más altas de América Latina, sentando las bases de un crecimiento económico más inclusivo, productivo y respetuoso de los derechos fundamentales de los trabajadores.
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