Magister Sanguineti Smith José
Docente de la Mestría en Gestión Pública y Gobernabilidad, U Wiener
En el proceso de modernización del Estado al 2030, como parte de la reforma de la gestión pública en el Perú, señala como principal objetivo el acercamiento entre el gobierno y la sociedad en general, buscando transparencia en las acciones del Estado y el pleno conocimiento de los mismos por la población.
En ese sentido, los esfuerzos para lograr el objetivo antes descrito, ya sea para alcanzar bienes, servicios de salud, educación, infraestructura u otros, son fundamentales en la administración pública; por lo cual, el seguimiento y evaluación de los proyectos y programas que desarrolla el Estado, son vitales para observar si lo que se está realizando está alineado al ciudadano objetivo y a lo que se quiere lograr. Es así que la Nueva Gestión Pública (NGP), contiene un nuevo modelo de gestionar el Estado, incorporando una creativa forma de gerenciar las administraciones, reemplazando la forma tradicional de entrega de servicios públicos, basados en el modelo burocrático de cumplimiento normativo, por una gerencia pública (Larbi, 1999).
Una gerencia pública centrada en la administración efectiva y eficiente de los recursos y procesos con los que cuenta el ámbito gubernamental, cuyo fin -entre otros- se centra en la participación de la comunidad en general, hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas. Ello requiere, dentro de la nueva gestión para el futuro, de la orientación hacia una interoperabilidad -como parte de este proceso de cambio- que debe permitir el intercambio de información digital entre los gobiernos de la estructura del Estado (Central, Regional y Local) y de la comunidad; sin embargo, existiría una clara deficiencia en los sistemas de información de las acciones en la gestión pública y de operaciones administrativas; es decir, problemas de proveedores, antecedentes de “X” empresas contratistas ineficientes, falta de capacidad del servidor, etc. Ello resultaría en el continuismo de la mala praxis de la administración pública.
El inventor de la World Wide Web, Tim Berners-Lee (https://www.w3.org/People/Berners-Lee/ShortHistory.html), extendió sus conceptos sobre la importancia de la interoperabilidad en la web, rescato una de sus posiciones sobre el particular «La potencia de la Web radica en su universalidad. El acceso por cualquier persona, sin importar discapacidades, es un aspecto esencial«.
Es así que la denominada “universalidad” se estaría viendo afectada, la transparencia de la gestión pública quedaría como una utopía pese a la modernización en términos de tecnología, ya que solo se estaría logrando la implementación de software y plataformas digitales de las diferentes gerencias u oficinas en las que, si bien se comparte información de obras ejecutadas o similares, continúan sin incorporar en ese proceso a la ciudadanía, considerándolos como simples espectadores, dejando espacio a la suspicacia.
Por ello, la participación ciudadana y el gobierno digital deben ser políticas y estrategias que coadyuven para la tan ansiada descentralización, que ésta a través de las audiencias públicas, consejos regionales, las Instancias de articulación local (IAL) u otro espacio de interoperabilidad, movilicen a los actores y recursos locales a favor de las atenciones de salud, educación, agua y saneamiento, seguridad y cuidado infantil a favor del DIT y otros más, permitiendo junto con la modernización del Estado la consolidación y entelequia de no depender del gobierno central.
A manera de concepto, reforzando la posición, cito un detalle publicado en el artículo “Convergencia de la Interoperabilidad, Accesibilidad e Inclusión Digital en el marco del nuevo Gobierno de la Información y el Derecho Informático” de Edda Karen Céspedes Babilón, donde menciona: “(…) la Interoperabilidad trata, en general, sobre la capacidad de diferentes organizaciones o instituciones para interactuar de forma organizada y coordinada, intercambiando información y datos mediante los sistemas de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones (TIC), con el fin de alcanzar objetivos comunes y mutuamente beneficiosos” (Céspedes Babilón, E. K. (2016). Convergencia de la Interoperabilidad, Accesibilidad e Inclusión Digital en el marco del nuevo Gobierno de la Información y el Derecho Informático. Foro Jurídico, (15), 77-92 https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/19836)
Cabe hacer mención al enfoque o marco más amplio para la toma de decisiones en la gestión de asuntos públicos, denominado Gobernanza, actividad transparente y participativa para conducir una gestión pública eficiente y orientada a resultados, que involucra a los múltiples niveles de gobierno, organizaciones no gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil a través de la rendición de cuentas, participación ciudadana, etc; este enfoque, podría contribuir a mayor interoperabilidad, prevenir la corrupción y mejorar la calidad de los servicios públicos.
Ahora bien, cómo engarzamos lo anterior con lo normado en la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Ley Nº 27658 (enero 2002); a través de la cual, se dio inicio al proceso de modernización de las estrategias de gestión del Estado, con su ente rector la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática – ONGEI (junio 2003), con facultades para dictar los lineamientos correspondientes; ya han transcurrido 21 años, hay avances, pero aún mucho por caminar.
¿Habremos avanzado?
Pese a que, actualmente contamos con una Política de Modernización de la Gestión Pública, además de normas que regulan la modernización del Estado Peruano; las relaciones de interoperabilidad, de accesibilidad entre las Comunas, no han sido debidamente implementadas, lo cual genera la realización de trámites burocráticos y excesivos a fin de acceder a la información y actuaciones que realiza cada comuna en particular, tramites que deben ser solicitados a través de procedimientos establecidos en distintos documentos de gestión interna y muchas veces de manera física a través de las mesas de partes; situación que no solo genera la dificultad en la gestión.
En ese esquema, resulta necesario la priorización por parte de los gobiernos locales en favor de la digitalización de sus procesos y de la prestación de servicios que brindan a su población, la agilización de los procedimientos, metodologías y capacitación para integrarse digitalmente, actividades que deben efectuar todos los gobiernos y en general del Estado Peruano. Preocupa las jurisdicciones alejadas donde no se cuenta con acceso a internet, mantener las relaciones de coordinación y cooperación resulta aún más difícil; será motivo de un análisis aparte.
Como alternativa de mejora de la interoperabilidad de los gobiernos, se puede indicar que las entidades que la conforman, deberían poner al servicio del ciudadano plataformas de interconexión digital gratuitas, que exista interconexión permitiendo a los ciudadanos obtener la información que requieran; asimismo, esta interoperabilidad permitiría que las mismas entidades tengan una base de datos de los usuarios, a fin que los servicios que brinda se enfoquen en cubrir eficientemente las necesidades de los ciudadanos hasta en los gobiernos locales.
Proponer la herramienta benchmarking, orientada a la gestión pública de los gobiernos en general, convertir en oportunidades lo que se visualiza como aspectos positivos de una comunidad, incluyendo la posibilidad de forjar servicios competitivos y fórmulas de crecimiento sostenido conjunto. Por ello, el benchmarking significaría una apropiada herramienta en el cumplimiento de metas conjuntas.
Vital importancia el cumplimiento con los planes digitales que el gobierno central ejecuta a través de su Sistema de Gobierno Electrónico, a fin de mejorar los servicios que brindan.
Finalmente, es un hecho que, la corrupción es el mayor enemigo de las reformas y actos de transparencia en el ámbito de la gestión pública; es decir, aún se requieren de políticas de mejora, dentro de ellas dar por finiquitado al proceso de “puestos de confianza” comúnmente conocida como “dedocracia”, de esta manera los funcionarios públicos estarían sujetos a las leyes correspondientes, sin un factor “protector” de las malas prácticas que entorpecen el camino hacia la anhelada modernidad y reforma del estado.
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de nuestros usuarios se recopilarán para una finalidad determinada, explícita y lícita, y no se
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hace identificables a través de medios que puedan ser razonablemente utilizados.” LA UNIVERSIDAD
considera como datos personales, a toda aquella información que EL TITULAR ingrese
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comerciales, así como procesar y manejar información para el adecuado desarrollo de la prestación de
servicios y cubrirlas necesidades de sus interesados.
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7.1. Las redes sociales de las que participan tanto LA UNIVERSIDAD
como EL TITULAR cuentan con sus propias políticas de privacidad a las que deberán sujetarse todos
EL TITULAR de tales redes. Por tal razón, le recomendamos revisarlas Políticas de
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LA UNIVERSIDAD se libera de toda responsabilidad que pueda ocasionar el incorrecto
funcionamiento y/o el inadecuado uso de las redes sociales, la falsedad del contenido y la ilicitud
de la forma en que éste fue obtenido, así como de los daños y perjuicios que se pudieran generar por
las publicaciones en estas redes, siendo los únicos responsables EL Titular de la red social que
hayan realizado tales acciones.
8. DE LAS FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DELA
INFORMACIÓN.
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Personales y su Reglamento aprobado mediante D.S.003-2013-JUS, el interesado declara estar informado
y con la aceptación de la presente política otorgando su consentimiento expreso para que los datos
personales que facilite queden incorporados en el Banco de Datos Personales dePersonas Interesadas
en LA UNIVERSIDAD y sean tratados por esta con la finalidad de absolver sus
consultas y brindarles información publicitaria, dándoles usos que incluyen temas referidos a las
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personales en el banco de datos referido en tanto sean útiles para la finalidad y usos antes
mencionados.
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es el único responsable de suministrar sus datos personales a LA
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